A simple vista, la gentrificación suele parecer un proceso orgánico, y sólo mirando un poco más allá podemos entender los factores que están detrás de los cambios. El caso del Centro Histórico del Callao es bastante particular porque hace todo esto más evidente. Santiago Dammert muestra cómo la compra por un solo actor de varios predios en la zona, el desarrollo de un proyecto cultural con el objetivo de transformar el barrio, las actividades con traslado desde Barranco y el rol de Gil Shavit en facilitar las inversiones públicas que podrían aumentar el valor de sus predios recién comprados nos hablan de un proceso abiertamente planificado antes que orgánico.
Pero hay un aspecto que llama la atención y que sugiere que se trata de de algo más que un proceso de gentrificación: la exclusión física de los residentes locales de las actividades que se apropian del espacio público. Las intervenciones que buscan revalorizar o gentrificar un barrio suelen ser más sutiles. Apuntan a que las personas a excluir se excluyan “solas”, a menudo usando violencia simbólica (Janoschka, “Gentrificación, desplazamiento, desposesión”), y no necesariamente mediante violencia física. Esto se puede dar con el aumento de precios en los negocios de la zona, pero también con formas de vigilancia y de transformación del espacio público que lleven a que los anteriores usuarios habituales del espacio ya no se sientan cómodos ahí. En este caso, la exclusión es más directa: los organizadores del proyecto se apropian del espacio público y excluyen físicamente a todo el que no sea considerado como parte del público objetivo del negocio.
Esta situación nos lleva a una pregunta poco abordada por Dammert: ¿cuál es el rol del Estado en este caso? Dammert se refiere a los vínculos de Shavit con funcionarios públicos y con la constructora Odebrecht para facilitar las inversiones en infraestructura vial que mejoren el acceso a la zona, especialmente para quienes lleguen en auto. Pero no desarrolla el rol cumplido por el municipio en transformar el espacio local. Incluso si los agentes de seguridad son privados, el gobierno local estaría por lo menos aceptando, por omisión, la apropiación del espacio público. En otros procesos de gentrificación el Estado cumple un rol facilitador mediante inversiones en infraestructura local, cambios en la regulación del uso de suelo o el empleo de dispositivos de seguridad. En el caso del barrio de Santa Cruz en Miraflores, por ejemplo, ha habido un cambio en la regulación de usos de suelo y en la forma en la que el gobierno local ofrece seguridad (Consiglieri, “Integradora y excluyente”). En este caso, la intervención propiamente estatal no queda clara.
La discusión sobre el rol del Estado da pie a una segunda cuestión. Hacia el final del artículo, Dammert escribe que las inversiones en barrios como el Centro Histórico del Callao son bienvenidas, pero se debe contar con la participación de los vecinos en la toma de decisiones. Para que esa participación sea efectiva, además, como bien dice el autor, debe cuestionarse la lógica actual de desarrollo urbano al servicio del capital especulativo. La pregunta es cómo. Los defensores de la gentrificación suelen plantear un falso dilema: es mejor invertir de esta forma específica que no hacer nada. Antes de que llegue Gil Shavit, en Castilla ya había grupos reclamándole al gobierno local que interveniese para mejorar ciertos aspectos del barrio (reunión con residentes como parte del conversatorio “Proyecto Fugaz y Monumental Callao: posicionamientos y divergencias”, Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 13 de noviembre de 2017). Sin embargo, las inversiones y las intervenciones públicas recién llegaron de la mano del capital especulativo. Participación hay, pero de quienes traen el capital.
Habría que ir más allá de la inclusión formal de la participación como alternativa a los procesos especulativos. Faranak Miraftab plantea que hay dos tipos de espacios participativos: los espacios convidados de participación y los espacios inventados de participación. Los primeros son los canales formales, aprobados por el Estado, en los que la ciudadanía puede, en teoría, influir sobre los procesos de decisión. Los segundos son espacios creados por movimientos insurgentes y contrahegemónicos. Una participación realmente transformativa requeriría la invención de espacios de participación, pues la participación formal ya estaría suficientemente controlada. Una intervención que surge de la aparición de intereses especulativos puede invitar a los residentes locales a participar, pero esta participación siempre se regirá bajo los principios que dieron pie a la intervención. Siguiendo a Miraftab, pues, la nueva lógica de desarrollo urbano no puede ser implementada, solo creada por movimientos contrahegemónicos.
Crédito fotográfico: Ibrehaut – Own work, CC BY-SA 4.0 (detalle)
08.01.2020
