A partir del 2015, un grupo de casonas alrededor de la Iglesia Matriz en el deteriorado centro histórico del Callao empezó a ser renovado y los espacios públicos adyacentes se llenaron de actividades, espacios culturales e intervenciones artísticas. El desarrollo obtuvo gran exposición mediática con la incidencia de Casacor, el evento de diseño de interiores celebrado anualmente en Lima. El edificio Ronald, antiguo inmueble comercial de valor patrimonial, se consolidó como el epicentro de esta actividad. Se empezaron a organizar fiestas y eventos culturales, puntualmente reportados en los periódicos y revistas de Lima. Algunas empresas creativas y artistas individuales recibieron ofertas para reubicarse allí bajo condiciones económicas muy favorables. Así, la zona antes conocida como Barrio Castilla fue rebautizada como Monumental Callao. En el año 2017 hubo un breve enfoque de atención mediática sobre la inversión inmobiliaria allí concentrada, tras su inclusión como caso de estudio en un artículo sobre gentrificación en el diario británico The Guardian, que fuera reproducido por los principales medios peruanos. Después de unas semanas, sin embargo, el debate se dio por terminado y los medios locales abandonaron la crítica para celebrar ciegamente la recuperación del patrimonio y las iniciativas artístico-culturales promovidas por los inversionistas detrás del proyecto.
La gentrificación es un concepto originalmente desarrollado sobre casos de estudio en las principales ciudades anglosajonas del Atlántico Norte, entre ellas Londres y Nueva York. La socióloga Ruth Glass acuñó el término en 1960 para describir el proceso por el cual los barrios obreros habían ido siendo “invadidos por las clases medias–altas y bajas,” proceso que “se acelera rápidamente hasta que todos o la mayoría de los antiguos habitantes son desplazados y todo el carácter social del barrio cambia.” (London: Aspects of Change, Londres: Centre for Urban Studies, 1964, xviii). El término prendió y ha tenido desde entonces un largo recorrido. Es importante entender, sin embargo, que su posterior desarrollo a cargo de académicos como Neil Smith o Peter Marcuse ha estado muy ligado a un tipo específico de ciudad concéntrica posindustrial presente en Europa occidental y Estados Unidos. Se identificaba este proceso en zonas que han sufrido cierto nivel de abandono o deterioro, y por lo tanto una depreciación de los predios allí ubicados. Es así que aparecía la oportunidad de revalorizar el suelo a través de la inversión inmobiliaria. Recientemente, se ha criticado esta visión totalizadora de la gentrificación para permitir una ampliación del concepto, no sin desatar intensos debates. Eric Clark ofrece un marco conceptual más flexible al definir la gentrificación como “un proceso que involucra un cambio en la población de los usuarios del suelo tanto que los nuevos usuarios son de un estrato socio-económico mayor que los anteriores, asociado a una transformación en el entorno construido a través de la inversión en bienes raíces” (The Order and Simplicity of Gentrification, a Political Challenge en Atkinson, Rowland & Bridge, Gary, Gentrification in a global context: The new urban capitalism. Londres: Routledge, 2005).
Debemos considerar las especificidades geográficas de la gentrificación, mas no limitarnos a su contextualización original. La gentrificación puede ser urbana, rural, o urbano-rural. Se da tanto en países del norte como del sur global. Identificar las distintas mutaciones que presenta esta forma de urbanización nos puede permitir actuar contra un proceso socialmente destructivo. En América Latina, la aplicación del concepto a fenómenos similares de transformación urbana es más reciente y no ha sido universalmente aceptada. Por ejemplo, hay quienes indican que, en el sur global, los procesos de desplazamiento de poblaciones de menores ingresos debido a la introducción de actividades económicas o políticas de inversión desde el estado no pueden definirse como gentrificación. Pero especialistas hispanoamericanos como Víctor Delgadillo o Sara González defienden el uso del término, entendiendo que las condiciones en las que se desarrolla en estos lares son particulares a la ciudad latinoamericana. Así, el desplazamiento poblacional puede darse en paralelo a otros procesos, o a lo largo de líneas de tiempo más distendidas que reflejan esquemas locales de ocupación del suelo (Sara González, “Looking comparatively at displacement and resistance to gentrification in Latin American cities”, Urban Geography, volume 37.8, 2016, 1245-1252). Como bien argumentan Loretta Lees, Hyun Bang Shin y Ernesto López-Morales en su libro Planetary Gentrification (2016), en América Latina el estado cumple un rol instrumental en la gentrificación, con lo cual nos alejamos de la idea primigenia del proceso como algo orgánico y aditivo, definido por preferencias individuales de individuos creativos como única narrativa posible.
En lo referente a Lima, no se ha escrito casi nada con respecto al tema, aparte de algunos artículos académicos y unas pocas tesis de posgrado (Cintia Cristina Castillo Gómez, sobre el caso del centro histórico de Lima, y Natalia Consiglieri, sobre la ciudad y la gastronomía). A pesar de ello, varios sectores de la ciudad como Barranco, el Centro Histórico, Surquillo, el barrio de Santa Cruz en Miraflores o el Centro Histórico del Callao (conocido también como Barrio Castilla) se perfilan como candidatos para un análisis más profundo en esa dirección. Es importante mantener abierta la posibilidad de que el proceso pueda tomar distintas formas en cada localidad. Son precisamente estas variaciones contextuales y la dificultad de categorizarlas de manera universal lo que quizás ha inhibido la identificación de los procesos de gentrificación en las ciudades peruanas. Además, no se ha dado un debate adecuado en nuestro medio debido a la profunda penetración del discurso neoliberal en todas las instituciones de la sociedad. Es fácil ver la gentrificación como un proceso con un balance positivo, dado que se traduce en mayor actividad económica a pesar del costo social que ocasiona. No debe despreciarse el legado del “boom de la construcción” en la idiosincrasia político-empresarial del país, que cuenta la expansión del Producto Bruto Interno como medida universal e irrefutable de desarrollo por encima de otras mediciones más complejas o inclusivas. La entrada al país de capitales transnacionales, como modalidad de la siempre bien acogida inversión extranjera, también ha encontrado un destino en la inversión inmobiliaria y de infraestructuras, generando enormes dividendos, apuntalada por lo que Ash Amin llama “narrativas de progreso” triunfalistas, las cuales dificultan cualquier crítica a la idea del crecimiento a toda costa.
El estallido del escándalo alrededor de la constructora brasileña Odebrecht parecía agregar nuevos matices sobre lo que estaba ocurriendo en Monumental Callao. Según informaciones ampliamente divulgadas en la prensa peruana, el promotor más visible del proyecto, el inversionista Gil Shavit, estuvo siendo investigado por presuntos actos de corrupción vinculados a la empresa y al gobernador del Callao, Félix Moreno, con respecto al otorgamiento de la ampliación de la vía Costa Verde. Odebrecht había ganado la licitación, la cual empezó a ejecutar en 2014 pero que, a la fecha, permanece incompleta. La ampliación de la Costa Verde habría sido estratégica para el éxito económico de Monumental Callao. Dada la relativa pobreza de la población local, el proyecto inmobiliario está enfocado en atraer a consumidores con mayor poder adquisitivo desde los distritos más pudientes ubicados en la parte centro-sur de la ciudad, tales como San Isidro, Miraflores y Barranco, así como los distritos al este, como Surco, San Borja y La Molina. En tanto el público objetivo que asiste a Monumental Callao se moviliza mayormente en automóvil privado, resultaba imprescindible la conectividad que aportaría la nueva autopista de la Costa Verde para unir estos distritos con el Centro Histórico del Callao. El rol del gobierno regional del Callao para garantizarla resultaba decisivo. La sincronización entre las autoridades gubernamentales y Monumental Callao despierta como mínimo sospechas sobre el objetivo profeso del proyecto: la recuperación de espacios públicos a través del arte.
La transformación mediática del Barrio Castilla en Monumental Callao busca recategorizar la zona para el consumo de un público objetivo ajeno al lugar. Esta intención es ejecutada a través de ‘Fugaz: arte de convivir’, la “iniciativa sociocultural” de la empresa, encargada de la activación cultural del barrio. La zona no sólo se conceptualiza con un nuevo nombre, sino que se le construye una nueva identidad como una zona rápidamente accesible, segura y llena de experiencias y servicios atractivos para las clases medias y altas. Este objetivo se apoya en varios ejes de acción: la promoción de la zona como destino turístico, su revalorización a través de la recuperación del patrimonio, la “pacificación” a través de la presencia de policías y seguridad privada y la instalación de una industria creativa. El uso de una empresa social con beneficios para la comunidad, si bien exiguos en comparación con las ganancias potenciales para los inversionistas, contribuye a difuminar la crítica y a justificar el emprendimiento inmobiliario. A pesar de las buenas intenciones de quienes colaboran con esta iniciativa, el proyecto de alcance social es inseparable del aspecto especulativo del emprendimiento y contribuye indudablemente a producir la zona a imagen del consumidor y no del residente. A través de la realización y difusión de eventos atractivos para ciertos grupos, poco a poco se va reconfigurando el barrio como un lugar de producción artística y de consumo aspiracional en el imaginario capitalino. A su vez, esta reconfiguración va sentando las bases para la formación de Monumental Callao como un futuro destino para la inversión inmobiliaria. No es casual que para varios eventos la organización proveyera a los clientes con un bus privado para transportarlos desde la Plaza de Armas de Barranco, generando una asociación no sólo logística sino también imaginaria entre los dos lugares.
Mediante esta dinámica se reproduce una relación vertical preexistente y dictaminada por el poder del consumo: las clases altas, clasificadas como blancas y mestizas, demuestran su dominio sobre un espacio urbano hasta ahora ocupado por las clases bajas mestizas y de color. Esto se manifiesta a simple vista en los eventos organizados por Fugaz y sus organizaciones afines, especialmente aquellos que se desarrollan en el espacio público. En un evento al que asistí, agentes de seguridad privada habían cercado un sector de una calle peatonal pública para la realización de una fiesta de música electrónica. La entrada costaba setenta soles, un precio a todas luces restrictivo para la mayor parte de los vecinos del lugar. Los niños del barrio se arremolinaban fuera de ese espacio, sin cuestionar esta segregación arbitraria del espacio público. La única forma que tienen los vecinos de participar de estos eventos es obtener un puesto de trabajo para servir en ellos, ya sea como camareros, parqueadores o personal de seguridad. A pesar de las nobles intenciones que dice profesar, Fugaz estructura sus actividades de tal forma que la posición del residente se encuentra siempre subordinada a la del visitante; el uso del espacio se vuelve condicional a la capacidad de pago, potenciando la exclusión de los vecinos de su propio barrio de forma tanto práctica como simbólica.
La utilización de la industria creativa para revalorizar sectores urbanos es una de las estrategias más empleadas del repertorio inmobiliario y ha sido consistentemente aplicada alrededor del mundo. La dificultad que tienen artistas y creadores para asegurar una renta fija los convierte en herramientas ideales para quienes buscan dotar a un barrio de una nueva identidad basada en el capital cultural y social que éstos aportan. En este caso, no son los artistas quienes se mudan gradualmente a espacios en desuso y deterioro, renovándolos para su uso, como puede haber sucedido en Barranco, proceso que culminó con una fuerte inversión inmobiliaria. Fugaz activamente recluta a creativos, dotándolos de espacios gratuitos o muy baratos para su trabajo, residencias artísticas pagadas y otros estímulos económicos o de difusión. Es entendible que en un país con escasos fondos para el desarrollo de la cultura y en el cual el patrimonio urbano monumental se encuentra en estado de extremo deterioro y abandono resulte casi imposible cuestionar cualquier inversión en esos rubros, sean cuales sean los motivos detrás de ella. Pero esto no debe impedir que tanto la recuperación de inmuebles históricos en el Barrio Castilla como las generosas ayudas económicas proporcionadas por Monumental Callao (a través de Fugaz, su “iniciativa sociocultural”) a artistas y gestores culturales deban ser evaluadas de forma crítica y puestas en el contexto mayor de un proyecto de valorización del suelo a largo plazo que tendrá profundas consecuencias para los habitantes del Callao.
El desplazamiento de la población en el Barrio Castilla no ha ocurrido aún, pero se trata de un proyecto de largo aliento, cuyo éxito económico dependerá de su transformación en un foco de inversión inmobiliaria y consumo para las clases medias y altas. Inevitablemente, este desplazamiento implicará un cambio en la estructura social del tejido urbano. El que los edificios que han sido objeto de renovaciones no hayan estado habitados antes de su compra no significa que el impacto del desarrollo inmobiliario será menor, especialmente al extenderse a las manzanas circundantes. En Monumental Callao, el lugar asignado a la población local es uno de servidumbre bajo la modalidad de mano de obra barata. Si bien en lo inmediato este rol subordinado puede resultar en una mejoría en el nivel de ingreso de los vecinos de la zona, el panorama futuro ofrece dudas sobre la sostenibilidad de este acuerdo.
¿Cuál es la alternativa? Las inversiones en el patrimonio histórico y los barrios deprimidos ciertamente deben ser bienvenidas. Sin embargo, es imprescindible contar con los vecinos como socios igualitarios en la toma de decisiones sobre las inversiones a realizar, así como sobre el destino de las ganancias por plusvalías que inevitablemente se están generando a causa del proyecto. Sobre todo, es importante que las poblaciones locales tengan poder vinculante sobre la dirección que se le da al desarrollo urbano de su propio hábitat, en vez de encontrarse simplemente a disposición de los grandes inversionistas y sus asociados políticos, principales beneficiarios de este tipo de operaciones. El Estado podría asumir un rol más horizontal, creando así visiones compartidas y plurales para el futuro de la ciudad. La participación ciudadana, tan presente en las planes y normativas territoriales pero tan ausente en los procesos de inversión, debe volverse una realidad. Sólo así se podrá implementar una nueva lógica de desarrollo urbano, en la cual las directrices apunten a un futuro común, no exclusivamente al servicio del capital privado.
Crédito fotográfico: Ibrehaut – Own work, CC BY-SA 4.0 (detalle)
01.01.2020
