Pedro Castillo es un profesor de escuela rural en una región minera donde hasta ahora no se ha superado la pobreza. Es también un miembro de las rondas campesinas que lucharon contra Sendero Luminoso y es un convencido de que los valores familiares tradicionales deberían ser la base de un orden social e institucional más justo y moralmente comprometido contra la corrupción. Su narrativa ética y política popular o plebeya sobre la sociedad y la historia peruana reciente es potente, pero lo es más su imagen de maestro de primaria. Esto ha determinado su votación entre amplios sectores que no se sienten beneficiados ni representados por el actual régimen político ni por el modelo neoliberal imperante. Desde esa narrativa, Castillo y Perú Libre proponen resolver los problemas del país con dos propuestas claras: acceso universal a una educación pública de calidad y un consenso ético modernizador de tipo popular o plebeyo que sustituya al desgastado consenso ético modernizador neoliberal instalado desde 1990.
Los consensos éticos modernizadores son acuerdos que buscan establecer acciones comunes para transformar la sociedad desde diferentes concepciones morales y comprensivas del mundo en un marco de modernidad. Se forjan bajo el principio de respetar los espacios morales y las formas de comprender el mundo. Son construidos por las elites en nombre de sus representados. Para lograr estos consensos se establecen pisos básicos de derechos que no son necesariamente coherentes entre sí pero permiten un espacio para la convivencia de diferentes prácticas de la vida cotidiana. Por eso, los consensos éticos modernizadores se van desgastando, hasta agotarse y ser reemplazados.
La construcción e implementación de consensos éticos modernizadores en el Perú no es algo nuevo. Dichos consensos existen desde el nacimiento de la República, pero se hicieron más sólidos desde que las élites oligárquicas e ilustradas introdujeron, tras la derrota de la guerra con Chile, la presunción de que solo era posible construir una nación con una regeneración moral previa a la instalación del propio gobierno. El consenso ético modernizador oligárquico estaba basado, sin embargo, en escalas morales profundamente discriminatorias que se hicieron evidentes al implementar sus políticas de educación, en la administración de justicia y en las limitaciones al derecho al sufragio y la representación electoral, entre otros.
Es difícil establecer cuán hondo caló el consenso ético modernizador oligárquico en los sectores medios y populares de la primera mitad del siglo XX. Es probable que algunas de estas políticas o medidas pudieran calar en amplias capas de la población hasta cubrir, en algunos casos, espacios rurales dominados por el gamonalismo. Una revisión superficial de los ciclos modernizadores en la segunda mitad del siglo XX nos podría indicar, sin embargo, la importancia de estos consensos, llamados también periodos de refundación republicana, al alimentar las demandas de reconocimiento de derechos entre la población.
Los consensos éticos modernizadores han favorecido la salida de profundas crisis políticas y, aunque pueden contener prácticas y discursos éticos radicales, conservadores o revolucionarios, intentan encarnar así el estado de disconformidad y ruptura de una sociedad. Los años noventa fueron quizás el último momento en el que el consenso ético modernizador convergió con la ruptura del statu quo desde un ángulo neoliberal, conteniendo ingredientes conservadores y plebeyos de hastío contra la partidocracia que se tradujo en más políticas públicas de asistencialismo populista que de desarrollo democrático.
La actual crisis del consenso ético modernizador neoliberal y su posible sustitución por uno de carácter plebeyo con ingredientes también populistas explican ahora la potencia de la figura del profesor rural que ofrece, además, la promesa de una educación pública de calidad. Ambos rasgos se conectan en estos tiempos de múltiples crisis con el sentir de las mayorías, lo cual ha quedado reflejado en los resultados de la primera vuelta electoral y en las encuestas previas a la segunda vuelta, aunque esta oferta no contenga, necesariamente, los aspectos más avanzados en materia de derechos demandados en el Perú y en otras partes del mundo. Eso no significa que las políticas de reconocimiento de estos nuevos derechos estén bloqueadas, sino que se empieza a configurar un escenario en el cual la sociedad civil deberá estar más organizada para incluir sus demandas para el nuevo consenso de los siguientes años.
05.05.2021
