El debate sobre el pasado violento ha retornado con fuerza en los últimos años como una preocupación pública centrada más en cómo proteger a las instituciones del Estado que han tenido una responsabilidad directa que a la atención al dolor a las familias de las sesenta y nueve mil víctimas estimadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Entonces, no hay un interés de reparar ni dignificar sino una actitud autoritaria de limpiar la imagen de las fuerzas armadas y partidos políticos con impunidad. La pretensión de verdad sostenida por los supuestos “defensores de la memoria de los héroes caídos” pierde el sentido testimonial y democrático para convertirse en una retórica que busca infundir terror y miedo a hablar sobre el pasado.
La preeminencia del fujimorismo y de otros actores políticos con responsabilidad directa en la violación sistemática de los derechos humanos durante los años de violencia (1980-2000) tiene el objetivo de establecer unos parámetros para “encuadrar la memoria”. Puede resultar obvio, pero es ahí donde se instalan algunos aspectos que es necesario discutir. Primero, hablar de la memoria en una sola vía: la de los militares y familiares de grupos de poder. De acuerdo a su posicionamiento, recordar el pasado violento debe traducirse en recordar la lucha de militares que ofrendaron su vida luchando contra el terrorismo. Por tanto, este posicionamiento busca poner a los policías y militares como “los legítimos defensores de la democracia”, en el rol de víctimas. Esta manera de hablar de la violencia les otorga un sentido de heroicidad y patriotismo que impide reflexionar sobre la responsabilidad de haber ejercido torturas, ejecuciones extrajudiciales y violaciones sexuales masivas.
Segundo, la imposición de la memoria salvadora como la verdad absoluta. Reiteradamente, se destaca el rol de las fuerzas armadas en la derrota de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) como la muestra máxima de la defensa de la democracia. Entonces, al ser personal en ejercicio de sus funciones de “proteger a la ciudadanía”, se establece la legitimidad de los “salvadores de la democracia” que poseen una voz autorizada para hablar sobre el pasado violento. Su testimonio encarnado refuerza la institucionalidad militar y califica las violaciones a los derechos humanos como “excesos aislados y personales”. Además, su memoria es presentada como “verdad absoluta”, negando otros testimonios de miles de ciudadanos y ciudadanas. Esa institucionalidad estatal reproduce el autoritarismo en el campo de la memoria: hablar del enemigo como “inhumano” y negar la violencia ejercida.
Asimismo, la memoria salvadora no necesariamente representa la voz de miles de licenciados que fueron levados en contra de su voluntad y colocados en situaciones extremas. Mucho menos representa el daño psicológico producto de la guerra. La preocupación central es instalar el odio hacia el otro subversivo como “culpable”, por tanto “eliminable”. Esta lógica de la memoria genera una verdad absoluta a tal punto que desconoce el dolor de las otras víctimas campesinas, consideradas genéricamente como “familiares de terroristas”.
Tercero, la memoria negacionista. Una memoria que sólo se concentra en el dolor sin escuchar otras voces ni reflexionar sobre las lecciones aprendidas es peligrosa por su instrumentalización. Escuchar sólo a algunos sin tener en cuenta las denuncias de violación que están muy bien documentadas, refleja una profunda ceguera ética. La negación de las masacres de Putis, Accomarca, Cayara y su justificación como la única respuesta efectiva es más útil para la institucionalidad militar que para la ciudadanía porque permite validar la militarización de la vida cotidiana frente a la inseguridad ciudadana o las protestas sociales. Negar la responsabilidad de los efectivos policiales y militares en el uso de la violencia letal sólo perpetúa un horizonte violento.
Cuarto, reescribir la historia. Dos frases son recurrentes cuando se habla de manera crítica del pasado violento: “dejar el resentimiento” y “reconciliarse”. Los defensores de la memoria salvadora aducen que un sector organizado por agencias internacionales busca desprestigiar la labor de los militares, infundir odio y “tergiversar la verdad”. Por un lado, sostienen que la insistencia por recordar el pasado sólo genera división y que se debe más bien pensar en los reales problemas nacionales como seguridad, empleo y desarrollo económico. Por otro lado, utilizan determinados eventos del pasado, donde los principales responsables son Sendero Luminoso o el MRTA, con el objetivo de infundir miedo y terror, y así justificar la militarización bajo la excusa del combate al terrorismo. Pero el trasfondo es reescribir la historia de tal manera que se enaltezca la labor heroica del personal estatal sin reflexionar en sus causas ni en sus consecuencias, ni mucho menos en la continuidad de la violación a los derechos humanos.
Porque el sentido de tergiversación sobre los derechos humanos ha sido brutal, a tal punto de considerarlos como sinónimo del intervencionismo internacional de izquierda o la pérdida de soberanía. O aquellas posturas que la consideran como una ideología que estorba y hace daño. No sorprende que sean los exmilitares convertidos en políticos quienes insisten en que el Perú se retire de las convenciones que respetan la vida quienes promocionan el discurso de odio. Su solución es la muerte. A este punto, uno debe preguntarse si ése es el camino de nuestra sociedad: “matar a los malos para vivir los buenos”. Lamentablemente, el escenario es distinto: más leyes de impunidad y la prescripción de los delitos de lesa humanidad.
En consecuencia, se hace necesario retomar la utilidad de la memoria y sus aportes en la construcción de una sociedad democrática. Al ser pública, la memoria busca reconocimiento y reflexión en clave del futuro. Se trata de reconocer la condición humana de las víctimas, su dolor y dignidad. A la vez, se organiza el recuerdo para la transmisión de valores que aseguren que la violencia no se repita. Por eso, toda memoria tiene un grado de reflexividad porque permite realizar una selección de qué contar, qué silenciar y qué olvidar. Inclusive la memoria negacionista requiere de mucha reflexividad para sostener su pretensión de verdad e imponerse.
¿Cómo pensar la memoria como horizonte humanitario y democrático? Un primer paso es a través de las lecciones que nos deja la CVR como un precedente para construir una sociedad igualitaria y libre de violencia. No solamente por los testimonios y las audiencias públicas, la explicación de las razones y las recomendaciones para salir del entrampe social de la desigualdad; sino por su carácter de dignificación. A través de sus nueve tomos, entregados en 2003, se convierte en la labor más sistematizada y descentralizada que existe sobre el periodo de violencia.
A veintitrés años de la entrega del Informe final de la CVR, en un gobierno fujimorista, es necesario volver nuevamente a la importancia de la memoria para la comunidad peruana. Sin embargo, el escenario es adverso porque existe una pretensión de desmantelar el valor de la CVR mediante estudios y opiniones mediáticas que buscan negar la sistematicidad de la violencia ejercida por las Fuerzas Armadas. En vez de seguir construyendo la democracia, en vía contraria, hay un aparato orquestado para promover valores antidemocráticos como el autoritarismo, la impunidad y la injusticia. Por eso, la CVR y lugares de memoria que posibilitan el pensamiento crítico son los puntos de llegada para vaciar su contenido e imponer una versión alejada de la realidad.
Es necesario luchar contra el vaciamiento de los contenidos de la memoria en clave de responsabilidad democrática y humanitaria. Ahora más que nunca se requiere defender la continuidad de los programas de reparación principalmente a sectores que han estado postergados: grupos desplazados y víctimas de violencia sexual. Asimismo, continuar con la búsqueda de las veintidós mil setecientos ochenta personas desaparecidas y la restitución de restos a los familiares. Otro aspecto en riesgo son los procesos para alcanzar la justicia en los casos de lesa humanidad que peligran por las leyes de impunidad aprobadas en 2025 y 2026.
La esperanza está en la ciudadanía y los colectivos organizados que siguen haciendo memoria a través de diversas propuestas. Porque la memoria responsable seguirá siendo un punto de encuentro y dignificación para que superemos la desigualdad, el racismo y la deshumanización.
02.11.2026
