Trama fue creada como una plataforma digital para fomentar el debate y hacer posible un diálogo que permita confrontar perspectivas y puntos de vista, partiendo de los conocimientos que produce la investigación en espacios académicos y no académicos. En otro contexto y circunstancia, parecería obvio decir que el debate supone una diversidad de miradas, muchas veces coincidentes pero las más de las veces enfrentadas o diametralmente opuestas, y que esa multiplicidad de perspectivas enriquece el pensamiento y el ejercicio de la ciudadanía, lo que permite mantener una actitud dialogante y a la vez crítica. Hoy en el Perú esa pluralidad afronta un peligro inminente ante la multiplicación de ataques e iniciativas que pretenden minar la libertad para expresarnos y disentir.
En estos días, la periodista Jacqueline Fowks, corresponsal del diario El País, ha sido atacada en redes sociales, acosada e incluso amenazada con una violencia que resulta en extremo preocupante. Diversos creadores y artistas han sufrido intimidaciones comparables. La polarización electoral es señalada, con razón, como la causa inmediata de este fenómeno, aunque esa es una explicación parcial que impide ver un proceso más amplio y mucho menos evidente, pero no por ello menos real o peligroso. Estas actitudes intimidatorias, de hecho, se valen de un ambiente de crisis institucional—o tal vez una crisis generalizada—para erosionar aún más las condiciones que nos permiten tener cierta confianza en nuestro derecho a pensar, a buscar la verdad y a expresarnos.
No es una coincidencia que el Congreso de la República haya promovido por estos meses dos leyes que claramente atentan contra la libertad de expresión. La primera, la ley que crea el Colegio de Historiadores, fue aprobada por el Congreso de la República sin siquiera escuchar la opinión de la mayoría de investigadores del país, quienes enviaron cartas de protesta al Congreso y sustentaron su oposición en distintos medios, señalando que esa colegiatura es innecesaria y que significa un claro intento por recortar la libertad para ejercer la investigación histórica en el Perú. La segunda, la ley de museos, que ha sido calificada ya como una “ley mordaza”, es aún más grave, pues contiene penalidades por causales como “actividades que sean contrarias a los principios y valores democráticos constitucionales”, “apología al terrorismo” e incluso por manifestaciones “que busquen tergiversar la verdad de los hechos o situaciones pasadas, con el fin de modificar maliciosamente la memoria colectiva de la ciudadanía”. En este caso, los congresistas tampoco atendieron la carta de la asociación que representa a los principales museos del país. Estas iniciativas legislativas no son sólo una clara muestra de que, salvo pocas excepciones, los congresistas han dejado hace tiempo de representar a la ciudadanía; son también la punta de lanza de un peligroso programa que busca minar las condiciones para el libre ejercicio de las ideas en la esfera pública.
Las expresiones antiintelectuales formuladas de forma cada vez más abierta y explícita por la clase política y por ciertos sectores de la ciudadanía avanzan en la misma dirección. No son posturas aisladas e inconexas, sino que forman parte de una trama mayor; nos recuerdan que el fascismo no es ya una pesadilla de noches pasadas y que el ninguneo es una forma violenta de desprecio que puede ser tan efectiva como las amenazas más violentas.
Las fantasías totalitarias que en estas semanas del proceso electoral hemos visto materializarse en hechos y actitudes son la punta del iceberg de una tendencia peligrosa que va cobrando cada vez más fuerza y ante la cual es necesario estar muy alertas. Pareciera que ya no se trata sólo de promover el pensamiento único; el objetivo final podría ser el de terminar de plano con el pensamiento.
Imagen: Joseph Carstairs, Lectures on the Art of Writing. Londres, 1822 (detalle)
17.06.2021
