Luego del desmantelamiento de la reforma educativa de Velasco promulgada en 1972, cuyo proyecto político y pedagógico original tuvo una vigencia de menos de tres años, la gestión de la educación estatal en el Perú entró en caída libre, sin políticas educativas definidas, en conflicto abierto con el magisterio y marcada por la corrupción. A partir de 1992, se implementó una reforma educativa liderada por el Banco Mundial como parte de las llamadas “condicionalidades” del Consenso de Washington para la reincorporación de países de América Latina en el sistema financiero internacional, luego de la crisis de la deuda de la década de 1980. Esta reforma incrementó la inversión en infraestructura, descentralizó la gestión del sector (ampliando las atribuciones de las direcciones regionales y locales) e impulsó la universalización de la matrícula y la resolución de factores de exclusión para acortar la brecha educativa entre niños y niñas, por un lado, y entre poblaciones indígenas y rurales frente a las urbanas, por otro. Bajo la gestión ministerial de Jaime Saavedra (2013-2016), además, se aumentó el presupuesto para el sector y se dieron pasos para organizar la carrera magisterial.
Como respuesta a la educación “enciclopedista” que imparte conocimientos a los alumnos unidireccionalmente, se propuso también adoptar el enfoque constructivista, el cual reconoce los saberes previos como punto de partida para emprender la tarea de descubrir contenidos nuevos en el aula. Con un entrenamiento docente superficial y pocos recursos para dotar de contenido a “los descubrimientos”, los resultados, especialmente en la secundaria estatal, muestran que las brechas que se buscaba cerrar con el crecimiento de la matrícula más bien se han ensanchado.
Es extendida la crítica a este “paquete” de medidas por su implementación vertical, su carácter tecnocrático que obvia las características políticas y culturales de la realidad educativa y que, sin presencia sustantiva de funcionarios en el terreno y la consiguiente carga burocrática cotidiana para los docentes, se limita a evaluar indicadores de rendimiento que no reflejan la calidad de la educación que se imparte ni la efectividad de las transformaciones que dice perseguir. Pero en medio de todo, y especialmente gracias a la participación de una comunidad educativa plural y comprometida con la educación y la sociedad, en estos casi treinta años, se han hecho avances importantes en la capacidad de diagnóstico y propuestas, en la experimentación de alternativas a través de innumerables y exitosos proyectos piloto, e inclusive en algunos modestos pero alentadores resultados nacionales en la educación primaria urbana y rural, visibles en la última década.
Lo que sigue siendo dramático y sin alternativas claras es el fracaso de la secundaria estatal, especialmente la rural, y la pobre calidad de la formación docente a cargo de los institutos pedagógicos estatales y privados. Deserción escolar y pésimos resultados caracterizan a la primera; el estancamiento y abandono explican la segunda.
A diferencia del discurso vacío de Keiko Fujimori, el plan de gobierno de Fuerza Popular promete actuar sobre las carencias identificadas en diagnósticos recientes emitidos por el MINEDU y llama a la colaboración entre el Estado y el sector privado para resolverlos, otorgándole a este último la responsabilidad de producir la formación necesaria y los contenidos que mejoren la calidad de la educación, librando al Estado de esa tarea.
El Ideario y Programa de Perú Libre no parte de un diagnóstico claro, aunque se distancia de la orientación neoliberal de la gestión educativa, y anuncia un aumento al 10% del PBI en el presupuesto dedicado a la educación. Además, implícitamente, el programa critica cómo la generalización del enfoque constructivista ha vaciado de contenidos la educación secundaria. Propone, más bien, la recuperación de asignaturas ahora inexistentes para recuperar la misión politizadora de la escuela. Por su parte, a modo de diagnóstico, Pedro Castillo denuncia las carencias de la atención del sistema educativo en los sectores más pobres, destacando, con gran emotividad y elocuencia, cómo la pandemia ha hecho más dramáticas las brechas persistentes.
En el tema de la formación y la carrera docentes, Pedro Castillo y el programa de Perú Libre plantean posturas que pueden representar un retroceso en temas valorados positivamente y que han generado consensos. Entre ellas, el rechazo a la Ley del Magisterio, el ofrecimiento de revisar la actuación de SUNEDU y, finalmente, la propuesta de crear universidades de educación en todas las regiones. Desde una postura crítica a “la racionalidad neoliberal”, pero apelando al viejo hábito de ofrecer más centros de educación superior en procesos electorales, se omite la discusión del gravísimo problema de la deficiente formación docente, el cual no ha hecho sino reproducir la educación pobre para los pobres. Tampoco hay referencias a los cientos de institutos pedagógicos que trafican con las expectativas de jóvenes que, buscando una formación profesional, no la reciben. Solamente queda esperar que quien gane las elecciones sepa valorar el conocimiento que ahora se tiene sobre la realidad educativa en el país y que sepa tender puentes con la numerosa, activa y comprometida comunidad de profesionales, instituciones y activistas que dedican su vida a esta enorme tarea.
02.05.2021
