Uno de los hechos más difundidos en el año 2019 en relación con el quechua y su presencia pública fue la sustentación de una tesis doctoral escrita y defendida en este idioma en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Titulares de la prensa peruana e internacional resaltaron el acto mediante el cual Roxana Quispe Collantes obtuvo su doctorado en Literatura Peruana y Latinoamericana, con la calificación de excelente, con una tesis sobre la poesía de Andrés Alencastre Gutiérrez, autodenominado Killku Warak’aq. Algunos cuantos ejemplos: “San Marcos: magíster expone su tesis en quechua y obtiene 20 de nota” (agencia Andina, Perú), “El quechua entra con honores en la universidad” (El País, España), “Student in Peru makes history by writing thesis in the Incas’ language” (The Guardian, Reino Unido).
La figura de “hacer historia” en el titular de The Guardian parece algo exagerada, sin embargo. Si bien este acto ha contribuido a mostrar que el quechua puede servir para redactar y defender un trabajo académico del más alto nivel, la sustentación se produce en un contexto en el que no existen universidades ni políticas educativas interculturales orientadas a la educación superior en el Perú. En esa medida, se trata de un acto simbólico, entendiendo el adjetivo no en su acepción habitual, tan desvalorizadora, que encontramos, por ejemplo, en la frase premio simbólico, sino como un calificativo que describe una acción enmarcada en la dimensión de las ideas, los valores y las concepciones sobre los códigos de comunicación y sus usuarios, con todo lo que eso significa.
De este modo, la sustentación nos recuerda, como dijo la tesista, que “al quechua no le falta el vocabulario que se necesita para un discurso académico” (Dan Collyns, “Student in Peru makes history…”, The Guardian, 27 de octubre del 2019), que el estatus de lengua oprimida y minorizada no constituye un destino en un país pluricultural y multilingüe como el Perú, que las lenguas indígenas tienen toda la legitimidad para estar en el estrado de los actos públicos y que, si no parecen tenerla, es solo por razones históricas y políticas, razones que, por definición, pueden ser cuestionadas y revertidas por los hablantes y sus agrupaciones.
Se trata, entonces, de un esfuerzo individual e institucional meritorio: individual porque el trabajo le ha implicado a Quispe Collantes pensar y redactar un problema académico en la lengua indígena, lo cual le ha supuesto enfrentar la incipiente producción de tradiciones discursivas académicas en quechua (es tarea pendiente estudiar cómo lo hizo) y, según ha declarado, viajar a las comunidades altas de Canas, Cuzco, para chequear la adecuación de algunas de sus traducciones al castellano (Perú 21, 15 de octubre del 2019). En el terreno institucional, no es casual que sea la UNMSM, que fue la primera universidad en instituir el quechua como objeto de enseñanza en tiempos coloniales y la que mantiene una activa Cátedra Quechua en su Facultad de Letras y Ciencias Humanas, la entidad educativa que haya brindado el escenario para este evento.
La tesista y la universidad se han sumado, así, a una diversidad de actos individuales, grupales e institucionales que, en los últimos años, se orientan a cuestionar y revertir, en el plano simbólico, la situación de opresión que ha marcado históricamente a las lenguas originarias y sus hablantes. Hablo de iniciativas artísticas individuales, familiares y grupales como crear y difundir hip-hop en quechua, doblar fragmentos de películas y de series televisivas en este idioma y producir películas enteras en la lengua indígena, como es el caso de la premiada Retablo, que, en muchos sentidos (no solo en el lingüístico), es un caso extraordinario de gestión y creación artística. Hablo también de iniciativas estatales valiosas, como la formación de traductores e intérpretes entre las lenguas indígenas y el castellano, así como la certificación de servidores públicos que pueden brindar atención en estos idiomas por parte del Ministerio de Cultura.
Hay que recordar también en este recuento un hecho del año 2018 que ha pasado casi inadvertido en términos periodísticos, pero que tendrá consecuencias no solo simbólicas sino muy concretas en el terreno legal. Se trata de la sentencia que dio el Tribunal Constitucional a favor de María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco, una humilde vendedora de mercado que decidió defender su derecho a que las instituciones del Estado se comunicasen con ella en su lengua materna, el quechua ancashino, en una región que, como la provincia de Carhuaz, tiene una importante proporción de hablantes de esta lengua.
Como se recordará, la municipalidad provincial de Carhuaz había notificado por escrito, en castellano, a Díaz de Tinoco, que su habitual horario de venta de helados y frutas en el mercado de esa localidad se restringiría a solo tres horas en la tarde, con lo cual la vendedora perdía, a favor de otra comerciante, las horas de venta de la mañana, que son las más productivas. Mediante su huella digital, Díaz de Tinoco había firmado la notificación sin entender realmente a qué se estaba comprometiendo. Una vez enterada de ello, inició, con la ayuda del abogado Yehude Collas, una larga peregrinación que incluyó las salas del Juzgado Mixto de Carhuaz y la Corte Superior de Justicia de Áncash, para finalmente alcanzar el Tribunal Constitucional.
Este tribunal, la máxima instancia en el terreno de la interpretación y control de la constitucionalidad, consideró que, en este caso, se habían vulnerado los derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad de trabajo, al uso del propio idioma ante cualquier autoridad y al uso oficial, por parte del Estado, de la lengua predominante en la zona pertinente. La sentencia no solo ordenó anular la decisión, sino que comprometió al municipio y a todas las entidades públicas en Carhuaz a utilizar el quechua en sus comunicaciones oficiales con los hablantes de este idioma. Era la primera vez que se judicializaban los derechos lingüísticos en el Perú y era una humilde vendedora de mercado quien lo había motivado.
La figura de “hacer historia” se justificaría plenamente, esta vez sí, para calificar el caso. La decisión del Tribunal Constitucional ante la acción tenaz de Díaz de Tinoco y de su abogado tiene consecuencias jurídicas que trascienden lo simbólico, al sentar un precedente del más alto nivel para la comunicación que establecerán en el futuro las entidades del Estado con los ciudadanos y ciudadanas residentes en las diferentes zonas con predominio de lenguas indígenas en el Perú.
Cabría preguntarse, entonces, por qué la sustentación de la tesis sanmarquina ha sido más difundida que este hecho en los medios de prensa nacionales e internacionales. Tal vez el carácter letrado del primer evento y la naturaleza mundana del segundo, con todos los prejuicios y diferentes valoraciones que existen en torno a la academia y el mercado, y sobre todo en torno a sus actores, hayan jugado un papel en este contraste. La lejanía de Carhuaz respecto de Lima, en un país tan centralista como el Perú, también debe de haber hecho lo suyo.
En cualquier caso, es un buen momento para recordar la importancia de luchar por mejorar el estatus de las lenguas originarias desde distintos frentes: el estatal, el judicial, el artístico y también, por supuesto, el académico. Con los expectantes resultados censales del 2017 sobre la cantidad de hablantes de quechua y sobre la proporción de peruanos y peruanas autoidentificadas étnicamente como quechuas, cabría esperar para el 2020 una profundización de las acciones desarrolladas por los individuos, las agrupaciones de activistas, las instituciones y el Estado a favor de esta lengua originaria, la más difundida en el Perú y América del Sur.
Crédito fotográfico: Andina
25.12.2019
