La orden de desalojo dictada contra el Archivo General de la Nación del Perú (AGN), de cumplirse, tendrá graves e irreparables consecuencias. Al parecer, pocos lo saben y a la mayoría parece importarle muy poco. No es novedad que el Estado peruano sistemáticamente haya precarizado el AGN, de manera similar a como lo hace con el amplio campo del patrimonio cultural del país. La información disponible en el mismo portal del Ministerio de Cultura indica que, del ya pequeño presupuesto destinado a este sector, el AGN recibe una porción insignificante. A esto debe agregarse la emergencia por la que atraviesa el AGN estas semanas: una orden judicial ha dispuesto que debe abandonar los ambientes del Palacio de Justicia que ocupa desde hace décadas.
¿Por qué se ha llegado a esta situación? Fundamentalmente, porque se ignora o malentiende la importancia del AGN. El Estado no parece comprender o incluso conocer el papel central que el Archivo General de la Nación tiene en prácticamente todos los ámbitos del manejo de los asuntos de gobierno y el servicio que el AGN ofrece o está obligado a ofrecer a los ciudadanos. La ciudadanía, en su mayoría, también lo ignora.
Predomina una idea reduccionista sobre el significado, más allá de declaraciones patrióticas respecto al resguardo de la memoria del país. Una parte significativa de la población no está al tanto de que el Archivo nos pertenece, que su contenido nos concierne a todos los peruanos no solamente por su valor histórico, sino también porque nuestros derechos ciudadanos dependen considerablemente de los múltiples registros que el AGN alberga. Impregnados de un concepto obsoleto de la historia, el sistema educativo, el Estado, los medios, muchas instituciones, autoridades y líderes de opinión suelen difundir la imagen del archivo como un depósito de documentos sobre figuras y procesos sociales excepcionales: héroes, santos, virreyes, presidentes, o militares famosos, y detalles tales como las llamadas “efemérides” en sus diversas manifestaciones. Así las cosas, es comprensible que el público amplio no considere el archivo como algo suyo y que no se sienta representado por una institución aparentemente dedicada a lo inusual, lo ya muerto, prescindible y meramente ceremonial.
El visitante ocasional o asiduo al Archivo General de la Nación notará un intenso movimiento de personas en los distintos ambientes abiertos al público. El número más pequeño de usuarios está en la sala de investigación del archivo histórico: son los estudiantes e investigadores profesionales que preparan trabajos, tesis y libros sobre diversos temas. La mayoría de las personas que acuden al AGN lo hacen para dar curso a asuntos tales como títulos de propiedad, herencias, registros civiles, registros migratorios, entre otros. Muchos de esos asuntos se tramitan ante el Poder Judicial, la misma entidad que ha resuelto desalojar al Archivo General de la Nación del Palacio de Justicia. Esta decisión absurda significa paralizar o frustrar del todo los trámites que día a día realizan miles de ciudadanos para resolver asuntos urgentes. Un número importante de esas personas que buscan copias certificadas de documentos viaja especialmente a Lima para conseguirlas. El caos y el daño público que el desalojo del AGN puede ocasionar son muy grandes.
Urge salvar al Archivo General de la Nación principalmente por los servicios que ofrece a los ciudadanos, por ser propiedad de todos los peruanos y por ser el principal repositorio de nuestra memoria histórica. Luego de años de marchas y contramarchas, es imperativo que se ejecute el proyecto para construir su nueva sede. Por el momento, la absurda orden de desalojo emitida por el Poder Judicial debería ser suspendida.
06.06.2022
