En esta primera entrega de «Estado, ciudadanía y lectura», buscamos abrir una discusión sobre las políticas editoriales del Congreso. En nota de 16 de mayo de 2020, El Comercio se pregunta por la salida intempestiva y al parecer irregular del director del Fondo Editorial del Congreso de la República y su reemplazo por una persona cuya experiencia editorial, a diferencia de sus conexiones políticas, está por demostrarse. Más allá del criterio “político”–el cargo es “de confianza”–las motivaciones de la medida son poco claras y llevan la impronta de un acto arbitrario.
No obstante las personas involucradas y las expresiones de apoyo a los directores que han circulado en las últimas semanas, en Trama nos parece que deberían discutirse algunos asuntos de fondo. Por un lado, parece de sentido común lo que afirma el director saliente, entrevistado para la nota en cuestión: en circunstancias ideales, el cargo debería dejar de ser un puesto de confianza, con lo cual se evitaría que fuese “un cheque en blanco”, “un instrumento político” que sirva “fines menos honorables”. Sin embargo, cabe preguntarse también si esto sería posible en una dependencia de una institución con las características del Congreso, independientemente de la idoneidad de un eventual director que viniese a rescatar al fondo editorial de las profundidades a las que en ocasiones—algunas bastante recientes—parece haber descendido. El Congreso es un espacio en donde, por definición, compiten distintas representaciones políticas e intereses diversos. Quizá debería admitirse que contase con un presupuesto para publicaciones, dado que es uno de los pocos fondos editoriales que maneja el Estado y porque la comunicación fluida y transparente con la ciudadanía debería ser una de sus preocupaciones principales. Al mismo tiempo, es innegable que los recursos públicos asignados para este fin pueden usarse para prolongar la administración de intereses de grupo y el oportunismo político y académico de todo calibre. Cabe preguntarse, por tanto, por los resultados de este sello editorial, administrado sin ningún tipo de participación de las distintas comunidades académicas y culturales del país a las que se debe, luego de cuarenta años de existencia. Hasta donde se sabe, el fondo opera sin un consejo editorial conocido y sin un sistema transparente de evaluación.
Desde Trama, proponemos algunas preguntas que nos permitan articular una visión más allá de la coyuntura: ¿Resulta pertinente que el Congreso tenga a su cargo un fondo editorial que abarque temas que no competen directamente a sus funciones legislativas, fiscalizadoras y de representación? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipo de líneas editoriales debería tener y por qué? ¿Cómo podría garantizarse la imparcialidad, independencia y transparencia de sus políticas editoriales? ¿Cómo evitar que sea fuente de patronazgo y vehículo de favores políticos y lealtades personales? Finalmente, ¿cómo deberían insertarse estas acciones en el marco más amplio de construir una política editorial eficaz y democrática desde el Estado?
El primer texto es de Carlos Aguirre.
Crédito fotográfico: Página de un volumen de la Biblioteca Peruana, proyecto editorial de PEISA iniciado en 1973 y auspiciado por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada.
05.09.2020
