El desinterés de este gobierno (y, en general de los tres poderes del Estado) por la suerte del Archivo General de la Nación refleja no solamente el incumplimiento de una obligación constitucional e irrenunciable de proteger el patrimonio cultural de la nación. También involucra la continuación de un problema de larga data, sobre el cual las autoridades del gobierno no pueden aducir ignorancia: el sempiterno y sistemático robo de documentos.
Por el contrario, el Ministerio de Cultura mantiene una página donde están registrados los bienes culturales que han sido reportados como sustraídos y cuyo paradero, en la mayoría de los casos, se ignora. Es realmente alarmante que, sólo en lo que concierne a documentos de archivo, este registro, en realidad muy incompleto por basarse sólo en lo que llega a denunciarse, tenga 36 páginas electrónicas con unos nueve documentos cada una. Ya en 2012, el AGN informaba al Congreso sobre 1,552 documentos sustraídos y 892 mutilados sólo en el Archivo Republicano con sede en el Palacio de Justicia. Los documentos robados son diversos. Aquí les ofrecemos una muestra que incluye desde documentos “mundanos” hasta testimonios firmados por “grandes personajes” de la historia.
El inminente desalojo del Archivo General de la Nación del edificio del Poder Judicial expondrá al patrimonio documental de la nación a más robos. Las pérdidas que pueda sufrir en el futuro el archivo serán directamente atribuibles a quienes avalan este desalojo, por acción o por omisión. Entre ellos, el Poder Judicial, por no permitirle al archivo el tiempo que se requeriría para organizar un traslado en regla a un nuevo local; el Ministerio de Cultura, por no haber actuado a tiempo; al Congreso de la República, que se ha puesto de lado, como si el asunto de la memoria nacional no le concerniera; la propia Presidencia de la República, quien se mantiene en silencio. La falta de inventarios y catálogos, sumada a la forma irregular en que se lleva a cabo el traslado del Archivo General de la Nación, hace esperar que esta lista—en sí bastante parcial—siga creciendo. Sabremos entonces quiénes son los responsables.
He aquí la lista de los documentos incluidos en la imagen:
1. Yca 1831. Recibos de cartas estrabagantes (sic).
2. Arica 1848. Licencia a Juan Ríos, maestre del buque Rosa, para cargar guano.
3. Lima, 1832. El ciudadano Manuel Lorenzo Vidaurre , ministro de Estado en el departamento de gobierno y relaciones exteriores, concede pasaporte al señor Francisco Javier Mariátegui, ministro plenipotenciario del Perú en Ecuador.
4. Cuzco, 1828. Recibo y vale por veinte pesos. Renta de correos.
5. Lima, 1 de julio de 1825. Nombramiento de Miguel Jara como segundo contador auxiliar. Documento firmado por Hipólito Unanue, ministro de Estado en el departamento de Hacienda.
6. Callao, 11 de diciembre de 1879. Armada Peruana. Orden para provisión de raciones. Embarcación Adriana Lucía.
7. Lima, 15 de enero de 1825. Simón Bolívar nombra a capitán de milicias.
8. Lima, 26 de mayo de 1849. Ramón Castilla, presidente de la república, firma patente de navegación mercantil.
9. Lima, 2 de diciembre de 1965. Ministerio de Agricultura. Dirección de Inspección y Defensa Agraria. Autorización de circulación de etiqueta.
19.02.2025
