Una guerra política: la avanzada militar y la destrucción de la democracia peruana

La incursión política de los militares excombatientes del Conflicto Armado Interno y de los militares retirados que sirvieron al régimen dictatorial del expresidente Alberto Fujimori va en ascenso en el Perú. La tendencia al autoritarismo que caracteriza la cultura política peruana y la continua inestabilidad del gobierno favorecen este avance. A diferencia del pasado, los militares peruanos acceden hoy al gobierno por la vía democrática, aunque no signifique que defiendan los principios de la democracia. Al contrario, su accionar político, como observaremos en la siguiente crónica, apunta a socavarla.

Los militares en el gobierno

A dos décadas de la restauración democrática en el Perú, tras el fin del Conflicto Armado Interno y la caída del régimen de Fujimori, innumerables militares retirados que formaron parte de las Fuerzas Armadas de entonces han logrado ubicarse en los más importantes cargos de gobierno. Como líderes de partidos políticos, parlamentarios o ministros, desde que comenzó la crisis democrática en 2018 con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, más de una decena de militares retirados de alta graduación han desfilado en los últimos años por los principales poderes del Estado, ejerciendo una importante influencia en las decisiones del gobierno. 

El pico más alto de este proceso se puso de manifiesto en el racismo letal¹ que el actual gobierno de Dina Boluarte puso en práctica entre diciembre del 2022 y el primer trimestre de 2023, en el contexto de las multitudinarias jornadas nacionales de protesta ciudadana que se desataron con el objeto de exigir la renuncia de la presidenta y la convocatoria a nuevas elecciones generales. La represión cobró la vida de 49 peruanos, entre ellos, seis menores de edad. De acuerdo con informes forenses, gran parte de las víctimas mortales, mayoritariamente de origen quechua y aymara, no participaban directamente en las movilizaciones y fallecieron tras ser impactados por proyectiles de arma de fuego que correspondían al armamento empleado por la policía y el ejército. Antes de su deceso, habían sido sindicados arbitrariamente por las autoridades gubernamentales como “terroristas”. Lejos de merecer condena, dichas muertes fueron más bien alentadas y hasta reivindicadas por los militares retirados que hoy forman parte del parlamento. Éste es el caso del almirante retirado y congresista Jorge Montoya de Renovación Popular, quien perteneció al alto mando de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Fujimori. Montoya definió como “cuota de sangre” las muertes efectuadas por los agentes de seguridad del Estado en nombre de la “guerra contra el terrorismo”, el restablecimiento de “la paz” y “la democracia”. La democracia –como se observa– no puede ser imaginada desde la perspectiva castrense de estos actores de otra forma que no sea desde una lógica de guerra. Su pensamiento binario tiende a dividir el escenario político entre amigos y enemigos; estos últimos deben ser eliminados –real o metafóricamente– a cualquier precio. 

Los militares retirados que hoy forman parte del gobierno han logrado introducir en el lenguaje político una retórica belicista de la que se han apropiado políticos civiles, dando lugar a la configuración de un bastión de extrema derecha. La justificación de las muertes en las protestas por parte de la clase política que hoy gobierna es correlacional al ideario militarista basado en sesgos racistas que –como en el pasado– promueven el culto a la muerte del “enemigo interior”, siempre asociado a la figura del “terrorista”.

El uso político de los militares

La fragilidad democrática impulsó la carrera de los militares políticos. La “guerra de poderes” iniciada en el 2018 llevó al país a la ingobernabilidad. En seis años, cinco presidentes pasaron por Palacio de Gobierno. La extrema debilidad del Ejecutivo y el Legislativo en esta “guerra de poderes” llevó a sus representantes a tocar de manera continua la puerta de los cuarteles en busca de respaldo político. El involucramiento de las Fuerzas Armadas en esta contienda promovió intencionalmente y de manera progresiva la politización de sus miembros. No obstante, fue en el contexto de las elecciones del 2021, con la candidatura y posterior elección de Pedro Castillo como presidente, que dicha politización encontró su punto más álgido.

Desde la perspectiva de gran parte de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, activos y retirados, Castillo representaba al “enemigo vencido”, el “terrorista-comunista”, además de “indio”, que no debía gobernar. La exasperación contra Castillo en las Fuerzas Armadas fue capitalizada por los partidos de extrema derecha liderados por Keiko Fujimori, quien, tras perder las elecciones en el 2021, le declaró la “guerra” tanto a su contendor como a sus electores, mayoritariamente población indígena procedente de las regiones históricamente más excluidas del país. A partir de la elección de Castillo como jefe de Estado, los militares comenzaron a tener cada vez más visibilidad política, una visibilidad que no se veía desde los tiempos del régimen de Alberto Fujimori. Junto a Keiko Fujimori, grupos radicales conformados principalmente por militares retirados encabezaron manifestaciones públicas a manera de fuerza de choque. Ataviados con prendas y emblemas militares, esgrimieron la tesis de fraude, dijeron desconocer los resultados electorales y demandaron la nulidad de la elección de Castillo. Llamaron, incluso, al golpe militar, a la insurgencia y a la violencia. Esa visibilidad, favorecida por los medios de comunicación, coadyuvó a catapultar a los militares retirados a la escena mediática.

Diversos partidos políticos e incluso el gobierno de Boluarte continúan usando a los militares con el fin de fortalecer su imagen. El último 30 de marzo, luego de que se allanara su vivienda por el caso “Rolex”, la mandataria apareció junto al alto mando de las Fuerzas Armadas en el frontis del Palacio de Gobierno a manera de respuesta política frente a la denuncia que pesa en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La incitación de la jefa de Estado al quiebre del mandato constitucional de no deliberancia de los militares en asuntos políticos, sin embargo, no es reciente. Este mismo comportamiento se observó en la conducción que hiciera de las Fuerzas Armadas durante la represión de las protestas que exigían su renuncia. De cara a estas movilizaciones, Boluarte no sólo alentó la participación de militares y policías en eventos proselitistas, llamados irónicamente “marchas por la paz”, sino que, al mismo tiempo, promovió y justificó el uso de violencia ilegítima que provocó la muerte de civiles a manos de propios agentes de seguridad del Estado.

Los nuevos soldados políticos

“Un soldado jamás deja de ser soldado” es una consigna del mundo castrense que muchas veces se soslaya desde el ámbito civil, un hecho que lleva erróneamente a considerar a estos actores como “exmilitares”. Al contrario, los militares retirados acceden hoy al poder haciendo uso de su condición de “civil”, ya no mediante golpes de Estado como en el pasado, sino más bien a través del sufragio. Paradójicamente, estos nuevos “soldados políticos”, para emplear el concepto de Dirk Kruijt (2012), han encontrado por las vías de la democracia el vehículo para avanzar en su agenda antidemocrática y corporativista. Este hecho se revela en la progresiva incursión de estos actores en el gobierno y se convierte, a su vez, en un indicador de que el país se encuentra inmerso en un proceso de militarización de la política o, incluso, que se dirige hacia un modelo de democracia militarizada como el que sostuvo al régimen de Jair Bolsonaro en Brasil.

La elección de Ollanta Humala como presidente en el 2011 constituyó un hito en la aparición de estos nuevos “soldados políticos”. A partir de entonces, desde oficiales hasta conscriptos pertenecientes a la generación de miembros de las Fuerzas Armadas de 1980 y 1990 incursionaron en la política con el objeto de alcanzar su propia representación (Granados, 2023). La experiencia del Conflicto Armado Interno, como la de la dictadura de Fujimori, generó una gama de reclamos por parte del sector militar que no fueron tomados en cuenta después de la restauración democrática. Estos militares se adhirieron a diversos partidos e incluso se animaron a fundar sus propias agrupaciones políticas. Con la agudización de la crisis democrática, cada vez más partidos buscaron  incrementar sus filas con militares retirados. Esta interdependencia dio origen a la conformación de partidos cívico-militares, entre los que se encuentran Renovación Popular, cuyo vicepresidente es el almirante Jorge Montoya, líder de una de las facciones de la extrema derecha con representación en el parlamento; el Partido Patriótico del Perú, presidido por el  capitán de corbeta retirado Herbert Caller; Unidad y Paz, cuyo líder es el general retirado Roberto Chiabra (los dos últimos de tendencia de derecha); y el partido A.N.T.A.U.R.O (Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros), más bien de tendencia hacia la izquierda autoritaria liderado por el mayor retirado Antauro Humala, hermano del expresidente. Como se muestra, aunque todos se preparan para postular a la presidencia en 2026, la configuración de las organizaciones políticas lideradas por militares retirados no es homogénea y sus tendencias políticas en los últimos años ha tendido a mutar de acuerdo con las coyunturas políticas. Por eso, sus posicionamientos tienen más relación con su autoidentificación y agenda política que con una determinada ideología,² así como con la forma en que imaginan su papel en la conducción política del país e interpretan la realidad a partir de su experiencia política y militar en el pasado reciente peruano (Granados, 2023).

De acuerdo con los datos publicados en el blog de la “Alianza por la Reivindicación de las FFAA y PNP”, cerca de cincuenta militares retirados se presentaron como candidatos a la presidencia y al parlamento en las Elecciones Generales del 2021. Una tendencia que como se observa se mantendrá en las elecciones generales del 2026.³

Los militares parlamentarios

En el Perú, los militares ejercen su derecho al sufragio. El voto militar, que incluye el de la “familia militar”,⁴ resulta decisivo, entre otros aspectos, no sólo para la elección de los potenciales representantes políticos de las Fuerzas Armadas, como en el caso de los militares retirados, sino también para el papel que éstos desempeñan con el objeto de cumplir sus promesas electorales una vez que llegan al poder. Aun cuando no exista un estudio cuantitativo para determinar con exactitud el número de votos provenientes de la “familia militar”,desde un enfoque más bien cualitativo es posible observar cómo los líderes de los partidos que mantienen en sus filas a militares retirados –e incluso ellos mismos—dirigen sus campañas publicitarias hacia este sector.⁵ Por su carácter generalmente endógeno, la “familia militar” constituye una comunidad que se sostiene, entre otras características, por un mismo sentido de pertenencia y lealtad jerárquica, sus miembros crean medios y construyen redes de comunicación política para dar cuenta de sus múltiples demandas, las cuales son aprovechadas en contextos electorales.⁶

No es casual, por ello, que el Congreso peruano cuente hoy con cuatro militares retirados de la más alta graduación. Los generales del Ejército y veteranos de guerra Roberto Chiabra, electo por Alianza para el Progreso⁷ y Williams Zapata, por Avanza País; y los almirantes de la Marina de Guerra del Perú José Cueto y el referido Jorge Montoya, electos por Renovación Popular. ⁸ Más allá de los intereses de sus respectivas bancadas parlamentarias, los cuatro parlamentarios mantienen un comportamiento político fuertemente influenciado por el pasado que comparten. Ellos integran la generación de militares que forjó su pensamiento militar y su ideología política durante el Conflicto Armado Interno y el régimen de Fujimori. Estos dos procesos históricos yuxtapuestos dieron origen a un largo proceso de violencia interna, calificado como el más sangriento de toda la historia republicana, y que involucraron a innumerables miembros de las Fuerzas Armadas en graves casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Como es preciso recordar, las Fuerzas Armadas asumieron por orden constitucional la misión de enfrentar a la subversión y detener las acciones terroristas que las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru desataron con miras a destruir al Estado y su sistema democrático a inicios de 1980, razón por la cual, al menos desde el ámbito castrense, esta contienda lleva el nombre de “Guerra Contraterrorista”. En determinados momentos y lugares, la “guerra” peleada por los militares en defensa del Estado dio lugar a violaciones a los derechos humanos, hechos que implicaron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, y tratos crueles e inhumanos como formas de combate. En medio de los enfrentamientos armados y de una profunda recesión económica, agudizada hacia fines de la década de 1980, Alberto Fujimori fue elegido presidente en 1990. Tras efectuar un autogolpe en 1992, instaló un régimen dictatorial que se sostuvo en alianza con las Fuerzas Armadas. Además, estableció una nueva constitución e implantó el modelo económico neoliberal. En 1995, Fujimori fue reelecto, entre otros factores, por atribuirse la derrota de las organizaciones terroristas y la “pacificación” nacional. No obstante, hacia el año 2000, su régimen entró en declive tras descubrirse, entre otros aspectos, el complejo sistema de corrupción que sostenía su gobierno y cuyo epicentro se encontraba en las Fuerzas Armadas, pues se comprobó la existencia de escuadrones de la muerte como el “Grupo Colina” y se develó el fraude con el que pretendía aferrarse a un tercer periodo presidencial. En esta experiencia se encuentra la clave para comprender los intereses que subyacen a la agenda política que estos militares parlamentarios defienden en el presente.

Desde su elección en el 2011, este grupo de militares parlamentarios ha promovido iniciativas legislativas en torno a la promoción de la pena de muerte, la militarización de la seguridad, la paramilitarización de la población civil, la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, especialmente, la amnistía para militares que cometieron graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad durante el Conflicto Armado Interno. Ésta es una aspiración que están a punto de conseguir a través del Proyecto de Ley N° 6951 2023-CR,⁹ pasando además por la censura de la memoria de la violencia estatal perpetrada por algunos de sus miembros, un claro intento de borrar y hasta de cambiar la historia.

Con la crisis democrática, y lejos de mantener un perfil bajo por el peso de este pasado, los militares han vuelto a aparecer como “salvadores” de la democracia, autodefinición que ha logrado tener eco, gracias al apoyo de los grupos de poder,  frente a una población que confía cada vez menos en la clase política civil. El almirante Montoya, firmante del acta de sujeción en respaldo del régimen de Fujimori, no sólo resultó el congresista con la más alta votación en las elecciones del 2021, sino que, además, el general Zapata, jefe de la operación militar “Chavín de Huántar” (1997) e investigado años atrás por la “Masacre de Accomarca” (1985) se convirtió en el presidente del Congreso entre el 2022 y el 2023.

El “terruqueo” militar

El “terruqueo” consistió en una práctica llevada a cabo principalmente por los militares durante del Conflicto Armado Interno a fin de imputar, con o sin pruebas, un vínculo con las organizaciones terroristas de Sendero Luminoso o el MRTA a ciertos peruanos y peruanas. El “terruqueo” logró introducirse en la esfera política, derivando no sólo en la criminalización de las personas acusadas por “terrorismo”, sino también en la legitimación de su “destrucción”. Rebajados a la condición de “traidores a la Patria”, los sindicados como “terrucos” fueron  desperuanizados, deshumanizados y, en último caso, eliminados. El “terruqueo” en clave militar fue entonces aplicado como un arma de combate, lo que justificó la guerra sucia y la violación a los derechos humanos en nombre de la “pacificación nacional”.

Con el fin del Conflicto Armado Interno y la derrota militar de ambas organizaciones terroristas, el “terruqueo” dejó de usarse como arma de guerra y pasó, más bien, a ser utilizado como arma de estigmatización política. Empleado por los sectores más conservadores de la derecha peruana, el “terruqueo” resultó eficaz como un insulto a fin de marginar y violentar a distintos sectores de la población peruana, incluyendo a defensores de derechos humanos, familiares de las víctimas de la violencia interna e  incluso, a la población originaria, entre otros ciudadanos que hacen uso de su derecho a la protesta cuando sus derechos se ven vulnerados.

Consecuentemente, en el contexto de las elecciones de 2021 y las manifestaciones sociales de finales de 2022 e inicios de 2023, el “terruqueo” volvió a adquirir su antiguo sentido militar. La incitación a la muerte de Pedro Castillo, considerado líder de extrema izquierda al estar adscrito por entonces al partido Perú Libre, puso en evidencia, una vez más, su uso como arma de guerra. El llamamiento a la eliminación física del expresidente, promovido principalmente por militares retirados afiliados a Renovación Popular, entre otros actores de la extrema derecha, se manifestó más radicalmente tras el fallido intento de eliminarlo políticamente, luego de que la denuncia del fraude, los intentos de golpe y el llamamiento a la insurgencia frente a su investidura presidencial no prosperaran. Era la primera vez que un partido que se profesaba de izquierda radical y marxista, ganaba las elecciones.

Con la victoria de Castillo, la élite política, empresarial, militar y policial conservadora se radicalizó. Desde su visión, los “vencidos” en la guerra no podían gobernar. Esta vez, había que luchar hasta eliminarlos y dejarlos “bien muertos”, según sus propias aseveraciones.¹⁰ Trágicamente, el “terruqueo” evocado bajo la lógica militar no alcanzó a Castillo, sino más bien a sus electores, a quienes el gobierno de Boluarte efectivamente reprimió a muerte. Los votantes que respaldaron al expresidente Castillo, mayoritariamente quechuas y aimaras, no sólo resultaron estigmatizados como terroristas; fueron también racializados y deshumanizados como en el pasado–, mientras defendían en las calles su elección. Contrariamente a lo que proclama la extrema derecha, este sector históricamente excluido de la comunidad política nacional veía más bien en la figura de Castillo, campesino indígena, el éxito de su representación democrática y la reivindicación de su ciudadanía justo cuando el país conmemoraba el bicentenario de su independencia.

La justificación de estas muertes principalmente por parte de los militares retirados, hoy convertidos en parlamentarios, da cuenta de que el componente fratricida del Conflicto Armado Interno, experimentado por ellos como una guerra del terror contra el terror, ha dejado una impronta en las subjetividades políticas y en la práctica militar que no ha sido superada. De allí que “eliminar” al contendor político sea parte de su discurso.¹¹ De manera general, los militares retirados que forman parte de la generación que se encontraba en actividad entre las décadas de 1980 y 1990, combatientes o no en el proceso bélico frente a la subversión, no pueden imaginar el escenario político si no es como un campo de guerra. Al menos, así se desprende de sus propias aseveraciones cuando señalan haber ganado la “guerra militar y no la guerra política”,¹² aquella que ahora libran desde el parlamento, o cuando intentan llegar a la presidencia por la vía electoral “para transformar al Estado” en la medida de que no pudieron “demolerlo desde afuera”.¹³

Neoliberalismo militar

El modelo económico neoliberal impuesto en los años 90 transformó la doctrina de seguridad nacional (Toche, 2024). Bajo este paradigma, el rol de las Fuerzas Armadas giró hacia la defensa del mercado por encima incluso de la defensa de los ciudadanos que encarnan la Nación. Este viraje guarda relación con su accionar durante las recientes manifestaciones sociales.

El alto mando militar se reservó públicamente el derecho a proteger a la ciudadanía de acuerdo con su nivel de productividad económica. Tras dividir a la sociedad entre “buenos” y “malos” peruanos, el derecho a la vida y la seguridad, según sus propias afirmaciones, privilegió a los ciudadanos que salían a “trabajar” y no a los que participaban de las protestas.¹⁴ Esta misma retórica fue asumida por la élite empresarial, que demandó con insistencia la “mano dura” de los agentes de seguridad del Estado para ponerle fin a la protesta. Numerosos empresarios aparecieron en diversos medios de prensa llamando a colectas para abastecer a militares y policías de alimentos y equipos de seguridad, alentándolos a “meterle bala” a los manifestantes que, desde su perspectiva, iban a “destruir” la economía. La discriminación y la privatización de la seguridad estatal, observada en este contexto, no sólo fue legitimada por la extrema derecha nacional, sino también por la internacional. Los militares parlamentarios Jorge Montoya y José Cueto celebraron el éxito del fin de las protestas tras la muerte de 49 peruanos, junto con políticos y empresarios de la “iberósfera” en el II Encuentro Regional de Foro Madrid que se celebró en Lima en marzo de 2023, justo cuando gran parte de la población se encontraba de duelo.

“Matar” en nombre del progreso económico no es reciente en el Perú. Ha sido una práctica que los grupos de poder han legitimado cada vez y con mayor vehemencia tras la suscripción de los tratados de libre comercio y el impulso de una economía extractivista. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre 2006 y 2020, 289 ciudadanos murieron y 5008 resultaron heridos a manos de policías y militares en conflictos sociales que surgieron, entre otros factores, de los efectos negativos de las concesiones mineras, como la contaminación ambiental y el menoscabo de los territorios de poblaciones indígenas.¹⁵ Desde la perspectiva de la élite política y empresarial y, desde luego, de los militares y policías más conservadores, los ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta son “enemigos del progreso”, “ciudadanos de tercera clase” y hasta “terroristas-comunistas” a quienes se debe reprimir a muerte.

La creciente mortalidad en conflictos sociales responde, entre otros aspectos, a que la figura del “enemigo interno” no ha desaparecido de las subjetividades políticas y, mucho menos, del imaginario bélico de militares activos o retirados. Si bien el Conflicto Armado Interno concluyó con la derrota militar de Sendero Luminoso y el MRTA, ello no supuso el fin la guerra contra el terrorismo. Para los miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentran en actividad, ésta continúa aún en la región del Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde el grupo terrorista “Partido Comunista Militarizado del Perú”, en alianza con el narcotráfico, mantiene allí su reducto. Este hecho ha dado lugar a que permanezca vigente dentro de la doctrina de seguridad nacional la figura del “enemigo interno”, aunque muchas elucubraciones se fundamenten en interpretaciones anacrónicas e imaginadas como la que proclama que Sendero Luminoso continúa “vivo”.

Aún cuando las Fuerzas Armadas en teoría han atravesado un proceso de reforma en el contexto de la restauración democrática a fin de brindar las garantías de no repetición respecto a los crímenes cometidos, en la práctica continúan formando a combatientes prestos a enfrentarse a sus propios compatriotas, es decir, bajo la cultura militar del fratricidio heredada del pasado reciente. De esta manera, solo hace falta que algún gobernante de turno, sea civil o militar retirado, active la amenaza del “enemigo interno” y de la orden de enfrentarlo para que los agentes de seguridad del Estado se alisten a pelear nuevamente en una guerra entre peruanos.

La democracia en manos de los militares

Leída en larga duración, la actual avanzada militar en la vida política del país no ha sido la excepción sino la regla. Desde su independencia en 1821, el Perú ha sido gobernado mayormente por militares. Y aunque la restauración democrática impuso una relativa pausa, la actual crisis democrática ha vuelto a estimular esta tendencia. Se ha normalizado ya la injerencia de militares en asuntos de gobierno.

El poder civil, ignorando o no sus agendas, por su propia fragilidad e inclinación a la corrupción, viene entregando a los militares retirados una democracia hace tan sólo dos décadas recuperada. A través, de las distintas dimensiones de esta avanzada militar se observa cómo los nuevos “soldados políticos” hacen uso de las reglas de la democracia para imponer paradójicamente su agenda antidemocrática. Y, al introducir una concepción bélica de la política no sólo estimulan y naturalizan la violencia simbólica sino también la violencia física en contra de las y los ciudadanos que, a través de la protesta, expresan su  disidencia frente a la conducción del gobierno. Desde este marco interpretativo, en el cual el quehacer bélico es equivalente al quehacer político, las ejecuciones extrajudiciales y demás violaciones a los derechos humanos efectuados por los agentes de la seguridad del Estado tanto en el pasado como en el presente ya no se niegan, sino más bien se justifican, cubriéndolas con el manto de la impunidad. De allí, la gravedad de dejar de defender la democracia y abandonarla en manos de los militares retirados que no defienden precisamente sus fundamentos y que, en sus versiones más radicales, no dudarían en teñir de sangre y muerte al país, como se ha sucedido recientemente, arrojándonos nuevamente al fratricidio.

Bibliografía

Granados Moya, Carla. «De la “guerra contraterrorista” al Congreso: El activismo político de los militares excombatientes en el Perú posconflicto». La violencia que no cesa, editado por Ricardo Bedoya Forno et al. 200-218. París: Éditions de l’IHEAL, 2023.

__________. “Buscando el voto de los uniformados. La perniciosa y antidemocrática estrategia electoral dirigida a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.” Noticias Ser.24 de mayo de 2021.

__________. “Muerte al opositor: el antecedente del gobierno de Merino”. Noticias Ser. 19 mayo de 2021.

__________. “¿El fin de un ciclo democrático en el Perú? La militarización de la política como punto de quiebre”. En Noticias Ser. 19 noviembre de 2020.

Kruijt, Dirk. “Las Fuerzas Armadas en América Latina, antes y hoy”. Ciencia Política Nº 14 (2012): 94-112.

Toche, Eduardo. “Guerra y democracia. Los militares peruanos y la construcción nacional”. Lima: UNMSM-DESCO, 2024.

*editado el 6 de julio de 2024.

Imagen central: captura de pantalla del «Vladivideo» 181A, parte de la secuencia «Ceremonia de adhesión de generales y almirantes«. 13/03/1999. Centro de Documentación y Investigación LUM. La secuencia completa de los vídeos del evento, con sumillas y transcripciones oficiales del Congreso de la República, está disponible aquí.

1. Sobre esta expresión, véase: Amnistía Internacional, Perú: racismo letal. Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú. Informe 25 de mayo de 2023.
2. Roberto Chiabra, «Solo sería candidato con una derecha unificada” (22 de abril de 2022); “Antauro Humala promete ‘indultar’ a Pedro Castillo si gana las elecciones del 2026” (26 de abril de 2024).
3. Blog Academia Científica de Investigación del Delito, “Las fuerzas del orden: FFAA y PNP. Alianza por la Reivindicación de las FFAA y PNP” (7 de abril de 2021).
4. Bajo este concepto, se reconoce en el mundo castrense a los familiares directos de militares en actividad o en el retiro: padres, madres, cónyuges, hijos e hijas, entre otros grados de parentesco.
5. “Únete Fuerza.  Keiko Fujimori a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional”. 9 de abril de 2021.
6. “Asociación Nacional de deudos, viudas, discapacitados y pensionistas FFAA y POL”
7. El 5 de septiembre de 2023, este parlamentario renunció al partido Alianza para el Progreso. Hoy forma parte de los congresistas no agrupados.
8. El 24 de mayo de 2024, ambos parlamentarios renunciaron a Renovación Popular para constituir la bancada parlamentaria Honor y Progreso.
9. El último 6 de junio se aprobó en primera votación este Proyecto de Ley que “Precisa la Aplicación y Alcances del Delito de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra en la Legislación Peruana”. Fue presentado el 1 de febrero por los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y José Cueto (Renovación Popular).
10. TVPerú Noticias,” Denuncian a Rafael López Aliaga por pedir muerte de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón”. 9 de mayo de 2021; Gisella Sánchez, “El jefe de la DIRCOTE Oscar Arriola le responde al terrorista de Cerrón”. 23 de abril de 2022; Gisella Sánchez, “Masiva marcha contra gobierno de Pedro Castillo se realizó en Campo de Marte”. 2 de agosto de 2021; “Fundador de asociación que recolecta donaciones a la PNP: ‘Esos muertos están bien muertos’”. 1 de febrero de 2023.
11. “Congresista José Cueto habla de eliminar que no se entienda por matar”. 20 de diciembre de 2022.
12. José Cueto Aservi, Sustentación del Proyecto de Ley N°6951”. 6 de junio de 2024.
13. Canal La República, “El cuestionado plan de ANTAURO HUMALA: BUKELIZAR el país y retirarnos de la corte IDH”. 20 de diciembre de 2023.
14. Diario El Comercio, “Conferencia de Dina Boluarte y ministros de Estado en el marco del estado de emergencia. Intervenciones del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas general Manuel Gómez de la Torre  y el general  Rubén Castañeda Laiseca, jefe de Inteligencia Militar” [min. 24:30]. 17 de diciembre de 2022.
15. César Flores Unzaga, “Sostenibilidad minera y los muertos y heridos por conflictos sociales frente al bicentenario”. 26 de diciembre de 2020.

20.06.2024